TRABAJADORES NO PUEDEN ACUDIR AL AMPARO LABORAL

EL AMPARO FRENTE AL PROCESO ABREVIADO LABORAL DE LA NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO

VER Y BAJAR NUESTRA OPINIÓN PUBLICADA EN EL PERUANO

El 11 de septiembre de este año se ha publicado una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que resulta sumamente relevante en relación con los procesos de amparo en los que se demanda la reposición y que se tramitan en aquellos lugares en donde entró en vigencia la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT). Nos referimos a la STC Exp. N° 3070-2013-PA/TC, sentencia en la que se declaró improcedente la demanda de amparo planteada por un trabajador que reclamaba su reposición aduciendo haber sido despedido incausadamente.

Como antecedente de esta sentencia constitucional, debemos resaltar que algunos autores nacionales[1] indicaron, una vez que entró en vigencia la NLPT, que el proceso abreviado laboral diseñado por dicha norma procesal, debido a sus especiales características (celeridad, estancia probatoria amplia, listado abierto de medidas cautelares, mecanismos de ejecución efectivos, etc.), era tan o más satisfactorio que el proceso de amparo y ello generaba que ya no se  pueda acudir a este proceso constitucional en aquellos lugares donde ya se aplica la nueva norma laboral adjetiva.

La razón normativa para tal restricción la encontrábamos contenida en el artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional, dispositivo en el que se estableció que no proceden los procesos constitucionales cuando existen “vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias”. Sobre la base de esta causal de improcedencia, si un trabajador despedido encontraba en la vía judicial ordinaria un proceso que le ofreciera la restitución del derecho constitucional afectado con la misma sumariedad y garantías que el proceso de amparo, el trabajador despedido sólo podía acudir a dicho proceso judicial y no a la vía constitucional.

No obstante, a pesar de que el proceso abreviado laboral reúne desde nuestra óptica todas las características para ser considerado un proceso tan o más satisfactorio que el amparo en materia de reposición ante despidos inconstitucionales, el anterior TC, una vez vigente la NLPT, siguió admitiendo la procedencia del amparo a pesar de que existía el proceso abreviado laboral, tal como lo reflejan las RTC emitidas en los Exp. N° 2527-2013-PA/TC y 4271-2011-PA/TC (por citar solo dos ejemplos ya que se han emitido varias resoluciones en un mismo sentido).

Nuestro actual TC, conformado por nuevos magistrados, es de un criterio contrario, ya que en la STC Exp. N° 3070-2013-PA/TC, expresó que el reclamo de reposición efectuado en un proceso de amparo “puede ser resuelto a través del proceso laboral, toda vez que conforme al artículo 2 numeral 2 de la Ley N° 29497, los Juzgados Especializados de Trabajo conocen en proceso abreviado laboral los casos en los que la pretensión de reposición se planteada como pretensión principal única”. En ese sentido, se declaró la improcedencia del amparo sobre la base de lo establecido en el artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional, esto es, por la causal que establece que no proceden los procesos constitucionales cuando existen “vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias”.

Con esta sentencia, el TC marca un nuevo rumbo en el desarrollo de los amparos laborales y, desde nuestra posición, restringe la posibilidad de acudir a esta vía constitucional únicamente ante afectaciones que requieren una tutela de suma urgencia; siendo que, en los casos restantes, el trabajador despedido únicamente debería acudir al proceso abreviado laboral regulado por la NLPT y, en caso acuda al proceso de amparo, su demanda planteada en dicha vía será declarada improcedente.

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[1] Ver nuestra opinión en HUAMÁN ESTRADA, Elmer. “El proceso abreviado laboral en el nuevo proceso de trabajo como vía igualmente satisfactoria”. En: Soluciones Laborales. Gaceta Jurídica, N° 39, marzo de 2011, pp. 19-31.

SUNAFIL Y LA NUEVA INSPECCIÓN DEL TRABAJO

REFORMA DE LA ESCALA DE MULTAS Y NUEVAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

La fiscalización laboral, en estos dos últimos años, se ha visto sorprendida por la creación de un ente administrativo encargado de ejecutar dicha función. Nos referimos a la reciente Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Asimismo, ha existido un trascendental cambio en la Administración del Trabajo: la reciente modificación de la tabla de sanciones del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (efectuada mediante el Decreto Supremo N° 012-2013-TR). Esta reforma busca, entre sus finalidades, eliminar la discrecionalidad con que actúa el inspector al momento de proponer una multa por incumplimiento de normas sociolaborales, generando la imposición de multas muchas veces diferenciadas a pesar de tratarse del mismo supuesto y de similares circunstancias. De esta manera, se establecerá factores fijos, diferenciados y progresivos en su monto en función de la gravedad de la infracción detectada y del número de trabajadores afectados.

Por otro lado, el 27 de diciembre del 2013 se ha publicado en El Peruano el Decreto Supremo N° 015-2013-TR, mediante el cual se ha precisado el ejercicio de la función inspectiva de trabajo a cargo de los Gobiernos Regionales, pues, como se recordará, con la Ley N° 29981 de creación de Sunafil se ha encargado a esta última entidad fiscalizar a aquellos empleadores que no sean microempresas ya que estas serán inspeccionadas por los Gobiernos Regionales.

Bajo este escenario de cambios sustanciales en la Inspección del Trabajo, es que se presenta como necesaria la difusión de los principales aspectos que han visto variaciones gracias a esta reforma normativa. Principalmente, esta difusión deberá dirigirse a los miembros de la sociedad civil representativos en cada región, esto es, a las organizaciones sindicales y gremios empresariales, al ser son ellos los posibles beneficiarios o afectados con la aplicación de la reciente reforma.

Por tal razón, felicitamos iniciativas como la llevada a cabo por Gaceta Jurídica y por la revista Soluciones Laborales, las que, en la última campaña 2014, han editado un libro (de autoría de Jorge Toyama y Fernando Rodríguez, con la colaboración de Elmer Huamán) que aborda exclusivamente la temática de la Fiscalización Laboral y los cambios que ha traído consigo la creación de la SUNAFIL y la promulgación de los Decretos Supremos N° 012-2013-TR y 015-2013-TR. 

Con este novedoso libro se busca exponer las obligaciones que tienen las empresas y así evitar contingencias laborales, y adicionalmente informar de las novedades que acarrea la promulgación de estas normas modificatorias y, a partir de ello, ayudar a resolver las inquietudes con el fin de entender y aplicar de modo correcto las reformas que ya empezaron a aplicarse. 

Esperemos que el público que interviene en las relaciones laborales obtenga este libro. Estamos seguros que será de trascendental ayuda. 

PRECEDENTE VINCULANTE DE LA CORTE SUPREMA SOBRE EL PAGO DE INTERESES LEGALES EN MATERIA PREVISIONAL

Pese a que el Tribunal Constitucional, desde la STC Nº 0065-2002-AA/TC, publicada el 21 de abril de 2003, fue claro sobre la procedencia del pago de intereses legales por las pensiones devengadas como reparación de la lesión al derecho fundamental a la pensión, éste tema ha seguido generando controversia en el ámbito previsional.

Y es que resuelto el tema de la procedencia del pago de intereses, la cuestión se ha venido centrando últimamente en determinar qué tipo de tasa es la que resulta aplicable para el cálculo de estos intereses. En efecto, si bien el Tribunal señaló que sobre las pensiones no pagadas de acuerdo a ley procedía la adición de los intereses legales a tenor de los artículos 1242º y siguientes del Código Civil, no se tuvo en cuenta que estos artículos contienen una disposición general. Y es que estando plenamente determinado que la tasa a aplicar es la del interés legal, se debe precisar además que en dicha categoría - tasa de interés legal - existen dos sub categorías, a saber tasa de interés legal laboral (intereses no capitalizables) y tasa de interés legal efectiva (los intereses son capitalizables).

En tal sentido, la existencia de estos dos sub tipos de tasas dentro de la categoría del interés legal,  ha sido materia de discusión dado que la ONP viene aplicando la tasa de interés legal no capitalizable mientras que los pensionistas pretenden el pago con la tasa de interés legal efectiva o capitalizable, que implica la utilización de los factores acumulados de dicha tasa y con ello el pago de una suma hasta cinco veces mayor a la que les correspondería percibir de aplicarse la tasa de interés legal sin capitalización.

Esta controversia fue resuelta provisionalmente con la expedición de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2013, que estableció en su Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final que el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, precisando que el referido interés no es capitalizable de conformidad con el artículo 1249º del Código Civil, que  establece que no se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares.  

Sin embargo, a la fecha dicha norma ha dejado de tener vigencia por lo que resulta de capital importancia el precedente judicial vinculante que ha establecido recientemente la Corte Suprema a través de la Casación N° 05128-2013, en cuyo fundamento décimo indica que “Siendo aplicables los artículos comprendidos en el Capitulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los artículos 1242 y siguientes del Código Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por adeudos de carácter previsional la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 1249° del mismo texto normativo”.

Esperamos que la dación de este precedente coadyuve a uniformizar criterios en los distintos órganos jurisdiccionales del país, ya que es un hecho comprobado que las ejecuciones incorrectas, las observaciones, la remisión a los peritos judiciales o revisores de planillas generan un incremento notable en la ya recargada agenda judicial.  

Ver Casación N° 05128-2013 en PDF.